La comercializadora, que facturó las pechugas a 40 mil pesos para el Plan de Alimentación Escolar en Cartagena, se dedica a la venta de artículos de ferretería, pintura y productos de vidrio como actividad principal, reveló la Contraloría General de la República al dar más detalles del sonado caso.

El contrato No. 52 con el Consorcio Proescolares, por valor de $15.831 millones, con recursos de regalías para el suministro del programa de alimentación escolar para el segundo semestre de 2016, se celebró el 5 de agosto del mismo año. Y el 26 de diciembre, se aprobaron vigencias futuras por valor de $7 mil millones 886 mil pesos, para ampliar el servicio contratado en 28 días calendario, con el mismo contratista.

Para legalizar el anticipo, por valor de $4.749 millones, ante la fiduciaria Servitrust GNB Sudameris, el Consorcio Proescolares presentó facturas indicando que el kilo de pechuga costaba 7 mil pesos, el kilo de carne a 11 mil pesos, el kilo de carne molida a 10 mil pesos y el kilo de bofé a 9 mil pesos.

Sin embargo, para legalizar los pagos ante el Distrito de Cartagena, el contratista soportó sus gastos en alimentos con facturas donde los valores anteriores se incrementaron ostensiblemente, así: el kilo de pechuga pasó de $7.000 a $40.000; el kilo de carne que costaba 11 mil pesos lo pasó por 25 mil pesos; la carne molida, de 10 mil a 38 mil pesos, y el de bofé, de 9 mil pesos a 15 mil pesos.

"Con las facturas presentadas al Distrito de Cartagena, el contratista indicó que invirtió entre otras, la suma de $2.539 millones en compra de alimentos para la elaboración de las raciones alimentarias. Situación que no fue debidamente verificada por el Distrito", señala la Contraloría.

Palabras más, palabras menos, el contratista presentó valores ajustados a la Fiducia y los de sobrecostos al Distrito, que incumplió en su obligaciones porque debía velar por el buen uso de los recursos públicos y el cumplimiento de los lineamientos que regulan el Programa de Alimentación Escolar.

En lo que es de competencia de la Contraloría General de la República, lo que no tiene duda es que se facturaron y pagaron alimentos con un exorbitante sobreprecio. 

"En este sentido, era obligación de dicha administración verificar el gasto que realizaba el contratista para soportar los pagos que se realizaran", agregó el ente de control.

Deducían el IVA, del que la DIAN no tiene registros

Según pudo establecer el ente de control con la Dirección de Impuestos Nacionales (DIAN), “no aparecen reportes de declaraciones de IVA por el contribuyente Comercializadora La Nueva Esperanza SAS”, sin embargo, en la auditoría que realizó el organismo de control se verificó que en las facturas que presentó la empresa contratista (Consorcio Proescolares), entre ellas la de compra de pechuga por $40 mil, se deducía el valor del IVA.

Para el ente de control, "varios interrogantes se plantean también alrededor de la relación familiar de primer grado que habría entre el representante legal de la Comercializadora La Nueva Esperanza y el antiguo dueño de la empresa contratista consorciada".